Una destacada contribución realizó la Universidad de Aconcagua a través de la sede Calama en la redacción de la Política Nacional de Minería, documento que recoge la mirada de corto, mediano y largo plazo de un nuevo modelo sustentable de desarrollo minero con miras al 2050.
De esta manera, el documento contó con el aporte de más de 3.500 personas vinculadas al mundo minero a través de gremios, empresas, pueblos originarios, miembros de la sociedad civil y academia, en esta última área se destacó la participación de la Directora Académica de sede Calama, Viviana Tapia Espinoza y del Director de carreras de la Facultad de Ingeniería, Luis Reveco Menay, quienes a través de su experiencia y mirada estratégica participaron en la redacción de los ejes de Productividad y Capital Humano e Innovación y Cadena de Valor durante la fase territorial de la consulta ciudadana.
El documento que fue presentado por el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet en la división Ministro Hales de Codelco, establece un modelo consensuado de desarrollo minero para garantizar una industria sustentable y competitiva con los más altos estándares mundiales a fin de otorgar valor en los territorios, potenciando el desarrollo del país, todo ello en el marco de los nuevos desafíos que enfrenta el planeta producto del calentamiento global.
Para la Directora Académica, Viviana Tapia la participación de la academia en la formulación de esta normativa a través de consulta ciudadana “fue relevante dado que como Universidad estamos formando a profesionales que estarán bajo su alero, de esta manera, aseguramos la visión de los distintos sectores cuyas metas son mantener la producción del cobre, contribuir al combate del cambio climático y generar valor territorial de la minería entre otras”, indicó.
Principales aspectos de la PNM
La Política Nacional Minera 2050 constituye una carta de navegación para la industria y para el Estado, con una visión compartida y transversal basada en los pilares de la sostenibilidad económica, social, ambiental y una buena gobernanza.
Es un documento orientador y estratégico, que define un total de 78 metas tanto para la industria minera como para el Estado. Contará con un plan de seguimiento para verificar el cumplimiento de esas metas, así como una actualización cada cinco años de manera participativa para incorporar las nuevas realidades que se generen.
