Catalina Orellana Almazabal, asumió recientemente como Coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad, instancia dependiente de la Secretaría General, que tiene por principales funciones las de educar, investigar y promover las materias contempladas en la ley N° 21.369, sobre el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
Dentro de los roles que esta unidad viene a desempeñar, la Coordinadora explicó que “Esta necesidad de reconocimiento de género se está implementando a nivel nacional, en todas las instituciones educativas, cuyo camino viene trazado por la Ley N° 21.369, pero que entrega sólo los parámetros mínimos de desarrollo en esta materia, por lo que dentro de nuestra universidad, hay un desafío a largo plazo, y es el de capacitación en este ámbito, ya que es relevante incorporarlo, no sólo a la cultura institucional, sino también al impacto social que puede generar en los futuros profesionales, quienes podrán tener acceso a estos conocimientos”, expresó.
La Unidad de Género de la Universidad contempla dos modelos de intervención. El primero tiene que ver con la educación y prevención, respecto de lo cual su coordinadora señaló que “aquí tenemos la promoción, socio-educación, sensibilización y capacitación a todos los estamentos universitarios, es decir, cualquier persona que tenga una relación directa con la universidad, va a estar considerado dentro de este modelo de prevención del abuso sexual, la violencia de género y la discriminación, enfocada principalmente en la mujer y las disidencias sexuales”, agregando que la segunda línea se relaciona con la investigación, respecto de lo cual precisó que “en el caso de que ocurra algún evento en materia de violencia de género, se debe disponer de protocolos y formularios para la generación de las denuncias debidamente oficializados, incorporando elementos paritarios y de no revictimización. Junto con ello, debemos tener protocolos que sean conocidos por todos en materia de sanción, por ejemplo, en el caso de que una persona cometa estas faltas o delitos, dependiendo de su gravedad”, cerró.
La nueva Coordinadora es de profesión Trabajadora Social y cuenta con un diplomado en Educación en Derechos Humanos. Además, es experta en infancia, familia y Derechos Humanos.
