El proceso constituyente en marcha reporta una oportunidad histórica para darle a Chile una forma de estado con autonomías regionales y que subsane demandas territoriales nacidas desde la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una mejor distribución de recursos y políticas públicas tendientes a terminar con las inequidades territoriales, cortar de raíz el histórico centralismo y que exista una coherencia entre lo establecido en el mapa de Chile y la identidad de los territorios.
Desde la época de la colonia hasta nuestros días, la organización territorial de Chile ha ido variado de acuerdo a diversos factores. Estos cambios se fueron dando a medida que se poblaba el territorio, luego influyó la independencia de Chile y el cambio de modelo en la administración, siendo la Constitución de 1822, la que efectuó por primera vez una delimitación del territorio Chileno mediante referencias geográficas naturales, además, se derogaron las Intendencias que eran un vestigio del dominio hispano, y se estableció que la naciente república se dividiría en departamentos, sin embargo, no se señaló su cantidad, capitales, ni límites.
La Constitución de 1823 reestructuró la división política-administrativa a 6 departamentos, pero no se fijaron los deslindes específicos en el territorio. El Congreso Constituyente de 1826, aprobó un conjunto de Leyes Federales, efectuando una división en 8 provincias, y la elección popular de sus Gobernadores, sin embargo, el intento federal duro poco. Las constituciones de 1828 y 1833 ratificaron las 8 provincias pero sustituyendo la forma de estado federal por un sistema unitario y para la Constitución de 1925 ya existían 24 provincias y para el Golpe de Estado 25 unidades.
La división político – administrativa de Chile realizada el año 1974 por la Dictadura Militar, no solo se realizó bajo el contexto de una imposición, sino que se hizo tomando en consideración factores económicos y de seguridad nacional, cuyo gobernante de facto con el objetivo de mantener el control en la población, suprimió las 25 provincias que habían permanecido vigente por más de 150 años, dejando de lado la voluntad e identidad de los habitantes con el territorio, además, el régimen autoritario heredó una Constitución que no permitía la creación de nuevas unidades territoriales, por cuanto no existía norma que lo permitiera, para lo cual fue necesario un amplio consenso político mediante la Ley 20.050 durante el año 2005.
Con el retorno de la democracia, algunas antiguas provincias históricas postergadas por una capital regional concentradora de recursos y el consecuente descontento de estos territorios, generaron el nacimiento de movimientos sociales, quienes, desde las bases, lograron la recuperación del espacio territorial como una “nueva región”. Estas demandas sociales por recuperar la autonomía, tienen su origen en la ineficiente e ilegítima regionalización de 1974 donde se miró más bien a la seguridad nacional interna y externa, que cualquier otra consideración desde lo local. Las 3 regiones nacidas en democracia (Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble), obedecen a un poder nacido “desde abajo hacia arriba” por el cual los representantes del poder político actuaron mediante iniciativas legales, pero basados e incentivados por la voluntad popular de las bases sociales, siendo tal circunstancia una expresión pura de democracia y participación ciudadana.
Todos estos elementos, han sido determinantes para la organización territorial actual del país, en un proceso constante y evolutivo de más de 200 años, y que desde nuestra perspectiva aún no culmina, ya que aún existen territorios que siguen clamando autonomía como es el caso de Aconcagua y Chiloe, que fueran provincias desde 1826 hasta 1974, razón por lo cual, el proceso constituyente en marcha reporta una oportunidad histórica para darle a Chile una forma de estado con autonomías regionales y que subsane demandas territoriales nacidas desde la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una mejor distribución de recursos y políticas públicas tendientes a terminar con las inequidades territoriales, cortar de raíz el histórico centralismo y que exista una coherencia entre lo establecido en el mapa de Chile y la identidad de los territorios, pues no solo se trata de una simple división territorial, sino de constatar y establecer, que existen unidades forjadas por un pasado común, su identidad, historia, geografía, cultura y un patrimonio, que deben ser reconocidos a través de la nueva Constitución mediante una nueva división político – administrativa.
*Claudio Gómez Castro, es Convencional Constituyente por el Distrito 6, Abogado, Master en Derecho de la Universidad del País Vasco, Profesor de Derecho Político y ex Director de la carrera de Derecho Universidad de Aconcagua y Secretario General Corporación Aconcagua Región.
